Nuevas medidas en contra del pequeño negocio privado

El gobierno promulgó un conjunto de normativas jurídicas encaminadas al “perfeccionamiento” de la actividad que realizan los trabajadores del sector no estatal, pero que en realidad es un duro golpe a la pequeña actividad privada de la Isla. La regulación establece que “de manera definitiva, en lo adelante no se otorgarán autorizaciones en las actividades de ‘vendedor mayorista de productos agropecuarios’, ‘vendedor minorista de productos agropecuarios’, ‘carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria’, ‘comprador vendedor de discos’ y ‘operador de equipos de recreación para los equipos rústicos'”.

Las actividades en las que no se otorgarán nuevas autorizaciones para el trabajo privado son: arrendador de viviendas, habitaciones y espacios; cafetería de alimentos ligeros; chapistero; contratista privado; elaborador vendedor de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en restaurantes (paladares); y elaborador vendedor de alimentos y bebidas en punto de venta fijo (cafetería).

Tampoco permitirá el Gobierno nuevas licencias para elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio; fregador engrasador de equipos automotores; gestor de pasaje en piquera; gestor de permutas y compraventa de viviendas; gestor de alojamiento para viviendas o habitaciones que se arriendan; herrero; instructor de prácticas deportivas; así como modista o sastre. Igualmente quedaron vetados por el momento nuevos permisos de operador de equipos de recreación; organizador de servicios integrales para fiestas de 15, bodas y otras actividades; oxicortador; productor o vendedor de calzado; productor o vendedor de artículos varios de uso en el hogar; y profesor de taquigrafía, mecanografía e idiomas.

Otras actividades que se restringen son las realizadas por profesores de música y otras artes; reparador de equipos eléctricos y electrónicos; repasador; reparador de artículos de joyería; bisutería; servicios de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles; y programador de equipos de cómputo. Actividades como el arrendamiento de viviendas representan una fuerte competencia para los establecimientos hoteleros del Estado, con servicios deficientes y altos precios.

La resolución estatal aclara “que los trabajadores que ya han sido autorizados en estas actividades pueden continuar desarrollándolas”.

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